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El PP, convencido del apoyo unánime del pleno a su moción en defensa de la educación concertada

200721-gelenLa viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Gelen Delgado ha dicho que el PP está convencido de que conseguirá “el apoyo unánime” del pleno a su moción en defensa de la educación concertada, como ya sucedió esta semana en la reunión de la Comisión de Modelo Social y Cultural, previa al pleno del jueves.

Así lo ha explicado hoy en rueda de prensa donde ha indicado que el PP plantea a la Corporación municipal que adopte el acuerdo unánime de expresar la defensa de la red de centros concertados “como garantía de una oferta plural y complementaria de la educación pública, así como de la libertad de elección de las familias a la enseñanza”.

También se plantea exigir que los fondos económicos COVID-19 que reciba o destine el Gobierno regional a la educación “se distribuyan en igualdad de condiciones a todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos, sin que exista ningún tipo de discriminación hacia la educación concertada”.

Por eso desde el GMP reclaman que se adopte un protocolo concreto y claro de medidas para el inicio del curso escolar 2020/2021 “que garantice la correcta y completa seguridad y protección de todos los alumnos, docentes y trabajadores de los centros educativos de Talavera de la Reina, tanto públicos como concertados”.

Garantizar la realización de test y/o PCRs a todos los profesores y trabajadores de la comunidad educativa de nuestra ciudad, tanto pública como concertada es otro de los acuerdos a adoptar en la proposición, así como demandar la oferta de becas de comedor para los alumnos de los centros concertados “sin necesidad de desplazarse a otros centros y garantizar el derecho a ayudas al transporte escolar a alumnos de los centros concertados”.

Delgado ha explicado que la propuesta de Podemos y PSOE en el Gobierno de España radica en excluir a la escuela concertada de los fondos para la lucha contra la COVID-19 y ejecutar el dinero disponible sólo para mejoras de los profesionales y la escuela pública, “sin tener en cuenta la importancia que supone la escuela concertada en el ahorro de más de 3.300 millones de euros para las arcas públicas”.

Por eso, ha dicho que esta decisión “nos parece del todo injusta”, y con esta maniobra, “el Gobierno no pretende eliminar de forma directa esta oferta educativa sino intentar ahogarla para reducir poco a poco su presencia en el conjunto del sistema educativo”.

Así, esta medida supondría que 150.000 personas pierdan su puesto de trabajo y que la escuela pública tuviera que hacerse cargo de la educación de dos millones de alumnos, “algo que no es viable”.

En la actualidad, ha apuntado la viceportavoz, casi dos millones de niños están matriculados en escuelas concertada; el 75 por ciento lo hacen en escuelas religiosas. “Cinco millones de familias en España apoyan la educación concertada, que da trabajo también a más de 100.000 profesores, todo ello, pese a que la administración destina menos recursos a los colegios concertados que a los centros públicos, hasta tal punto que la subvención pública a un colegio concertado sólo cubre el gasto del mismo en personal docente”.

Ha explicado que el Gobierno plantea dentro de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que “sólo los centros públicos puedan acceder al plan de recuperación por el Coronavirus, lo que supone que los 2.000 millones de euros de inyección económica prometida por el Gobierno irán a parar sólo a las escuelas públicas”

Ha recordado que la escuela concertada se muestra perpleja ante esta decisión “sectaria e "ideológica” del Gobierno, y aseguran que “no tiene sentido excluir a estas familias porque han pasado la COVID igual que las demás".

Por eso, Delgado ha dicho que “todos los colegios necesitan ayudas y también los concertados”, por lo que “no se entiende que se discrimine la libertad de elección y la educación concertada”.

Ha insistido en que esta decisión del Ejecutivo está dejando fuera de esas ayudas a un gran porcentaje de la comunidad educativa de nuestro país, “además de ser un gran error porque atenta gravemente contra la libertad de elección de las familias, en un asunto tan importante para los padres como es la educación de sus hijos”.